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Protesta y Represión en Chile
Por Claudio Nash, Doctor en Derecho, Académico Universidad de Chile @cnashr
El 18 de octubre de 2019 marca el inicio de uno de los movimientos sociales y políticos más desafiante de la historia de Chile, cuya principal demanda ha sido la transformación del modelo económico y político heredado de la dictadura.
Frente a las más manifestaciones públicas de protesta, la respuesta del gobierno ha sido una brutal represión. Son cientos de casos denunciados de arresto indiscriminados, violencia sexual, tortura y, de mutilaciones oculares. Todo ello configuró, en plena democracia, un cuadro de violaciones graves masivas y sistemáticas de derechos humanos propias de una dictadura.
Todos los informes internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Alto Comisionado Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y nacionales (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez, Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile) coinciden en la responsabilidad de Carabineros de Chile por un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas.
En dicho contexto, una de las cuestiones que más ha llamado la atención a nivel mundial, por su magnitud y gravedad, es el de las mutilaciones oculares producto del uso de armas por parte de las policías. En Chile, la policía ha utilizado las escopetas de perdigones de una manera irresponsable, ilegal y desproporcionada, que ha ocasionado más de 460 víctimas de graves daños oculares. Asimismo, se ha empleado el disparo de bombas lacrimógenas para ocasionar daños directos en el cuerpo de los manifestantes. Se registran casos de atropellos de jóvenes que protestan por parte de carros policiales y, recientemente, Chile se ha visto impactado por el caso de un joven de 16 años que fue arrojado por un policía desde un puente al lecho del río Mapocho (que cruza todo Santiago) desde una altura superior a los 7 metros.
En un estado de derecho, cuando se producen graves violaciones de derechos humanos lo lógico es que las instituciones funcionen para detener dicho actuar ilícito y se generen las condiciones para juzgar a los responsables y reparar a las víctimas. Desafortunadamente, en Chile, ni el parlamento ni el poder judicial han puesto freno a esta polícita contra la población civil.
Es en este escenario que el control internacional por parte de organismos de derechos humanos es fundamental para presionar políticamente al gobierno y así lograr que este modifique la política de violaciones de derechos humanos que ha implementado el último año. Asimismo, es urgente contar con la solidaridad de la comunidad internacional para que ejerza presión pública para que la comunidad internacional exija el cese de la represión en Chile y para evitar que los gobiernos y empresas privadas sigan vendiendo a Chile armas a la policía chilena que están siendo usadas en contra de la vida e integridad de la población.
