La prisión política como castigo a la protesta social

Por Yoselin Fernández Arce @yosecon_y

El jueves 17 de octubre de 2019 Roberto Campos terminaba de dar clases particulares en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Las protestas por el aumento de la tarifa del metro se multiplicaban por todas las estaciones al ritmo del ¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar! En la Estación San Joaquín seis personas embistieron en contra de los torniquetes en medio de aplausos. El séptimo fue Roberto. Los años de rabia acumulada lo hicieron ir a la estación y sumarse a la protesta. Esa estación terminó con seis torniquetes y dos validadores destruidos. Metro de Santiago avaluó en más de 26 millones de pesos los daños y el gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado contra las y los manifestantes. Al día siguiente la movilización desbordaba la ciudad y el sábado se había extendido por todo el país. 

A las 19:05 del 29 de octubre Roberto fue abordado por ocho funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. Le mostraron un video donde Roberto se reconoció a sí mismo golpeando un torniquete. Roberto Adrián Campos Weiss (35), docente universitario, estadístico de profesión, bibliófilo, fanático de la música de Liliana Felipe, activista vegano y homosexual, pasó 56 días recluído en la Cárcel de Alta Seguridad, solo, en una celda de seis metros cuadrados, rodeado de femicidas, violadores y psicópatas seriales. “Entre medio estaba yo que rompí un torniquete. Es absurdo, absolutamente desproporcionado”, reflexiona.

Según el Ministerio de Justicia, en el período comprendido entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre de 2019, 28.210 personas fueron detenidas en el marco de la revuelta. La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que entre el 18 de octubre y el 16 de marzo de 2020 se ordenaron 2.201 prisiones preventivas asociadas al estallido. En el mismo mes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó de 11.389 personas visitadas en comisarías.

Ser preso político

No existe una definición legal de prisión política en Chile. Sin embargo, diversos organismos la definen como el encarcelamiento de una persona por sus pensamientos o acciones en un contexto de disidencia política. Nicolás Toro, abogado penalista defensor de presos y presas de la revuelta, explica que son tres los elementos que la configuran: el abuso de la prisión preventiva durante las investigaciones, las penas desproporcionadas frente a ciertas faltas o delitos y la presión ejercida por el gobierno sobre el Poder Judicial. Según explica Toro, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, por la cual imputaron a Roberto Campos y a otros cientos de manifestantes, es una de las muestras más evidentes de esa desproporcionalidad.

En octubre de 2020, un año después del inicio de la revuelta, el Ministerio Público había formalizado a 5.048 personas por delitos asociados a la movilización, de ellas 648 fueron puestas en prisión preventiva y 725 fueron condenadas.

“Para mí ser un preso político significa ser un disidente contra este sistema, contra el gobierno. Significa protestar por derechos fundamentales y ser declarado un enemigo del Estado por pensar distinto. Es una prisión por ideología, por pensamiento, más que por un acto vandálico”, asegura Campos.

Foto: Roberto Campos

Ser ex preso político

El 23 de diciembre Roberto estaba en la ducha cuando lo escuchó por la radio: podía irse a su casa. Tres días antes, un zorrillo había atropellado a Óscar Pérez durante una manifestación en la Plaza de la Dignidad, dejándolo con graves lesiones. Mauricio Carrillo, el policía responsable, quedó sólo con firma mensual por el hecho. La desproporcionalidad en el actuar de la justicia desató indignación. “Yo por patear un torniquete estaba preso, pero él no. Esa presión social me ayudó a salir”, asegura Roberto.

La despedida fue emotiva. Hubo brindis con chicha y el ruido de las celebraciones se escuchó por toda la cárcel. Afuera estaba la prensa. Al día siguiente fue invitado a matinales, le pidieron entrevistas y recibió muchas muestras de apoyo. Quince meses después se las arregla vendiendo sus libros a través de una cuenta de Instagram. Tras su paso por prisión perdió su trabajo, sus estudiantes y tuvo que dejar su casa. “Mi imagen quedó absolutamente estigmatizada, yo no voy a poder trabajar nunca más haciendo clases en una universidad”, relata.

A mediados de abril de este año la Fiscalía dio a conocer la pena que solicitarán para Roberto: 8 años de prisión. Su defensa presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. El profesor se encuentra a la espera de la resolución del TC, que podría abrir un escenario judicial más favorable donde enfrente a la justicia sólo por el delito de daños.

Toro sostiene que la presión mediática y política termina diluyendo la presunción de inocencia porque con la prisión preventiva las personas son juzgadas antes de que inicie el proceso judicial. “El resultado de eso es que hoy tenemos a una gran cantidad de gente que termina meses en prisión preventiva y que después es condenada a una pena menor o absuelta. Eso es una muestra evidente de que la prisión preventiva es una prisión política”.

Con todo, Roberto sigue. Está ad portas de lanzar un libro autobiográfico donde recoge escenas que han maracado su vida y las cavilaciones que tuvo en la cárcel, como su lucha activista por los derechos de los animales: “En la cárcel tuve hartas reflexiones antiespecistas. Sé lo que es el encierro, no concibo esa esclavitud que de por vida que sufren los animales”, afirma.