Ilustración: Paloma Trujillo @nosecuanto.arte
Justicia de clase en Chile: el caso de Fabiola Campillai
Por Patricia Parga-Vega @pargapatty
Entrevista a Fabiola Campillai, víctima de violencia policial, y Alejandra Arriaza, abogada defensora de derechos humanos y profesora de Ética y DD.HH. de la Universidad de Santiago Usach.
El 26 de noviembre de 2019, en San Bernardo, una comuna de la periferia de Santiago, Fabiola Campillai, una trabajadora de 36 años, madre de tres hijos, se dirigía junto a su hermana al turno nocturno de su trabajo cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro. El autor del disparo fue un efectivo de la policía que se encontraba a menos de 15 metros de distancia. Fabiola fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, los médicos lograron salvar su vida, pero luego de múltiples intervenciones confirmaron que perdió la visión de ambos ojos, con severas cicatrices en su rostro, dolores permanentes y también la pérdida de los sentidos del sabor y olfato.
Patricio Maturana autor de los disparos y Jaime Fernández jefe del escuadrón policial fueron dados de baja por la institución, sólo por no haber prestado ayuda a las víctimas, pero han sido fuertemente defendidos por los altos mandos policiales que nunca condenaron esta acción criminal. Sólo nueve meses después de ocurridos los hechos, la Fiscalía inició una investigación formal del caso rotulando como delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves a gravísimas, el autor del disparo quedó en prisión preventiva. Sin embargo, tras la apelación de su defensa, se decretó arresto domiciliario total.
Patricia Parga-Vega: ¿Alejandra, cree que la legislación chilena está preparada para ver causas de violaciones a los derechos humanos?
Alejandra Arriaza: Tras el 18 de octubre de 2019, cuando se produce el denominado “estallido social”, con un aumento significativo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, nos hemos dado cuenta que la institucionalidad no está capacitada precisamente para llevar a cabo este tipo de juicios. Por cuanto han existido más de ocho mil personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, y en la mayoría de los procesos aún no existen responsables individualizados y llevados a juicio. Es más, hace pocos días la Fiscalía emitió un pronunciamiento en el cual se señala que el 40% de las causas han sido archivadas sin avances en la investigación. Eso denota que tanto las fiscalías como el Ministerio Público no están capacitados para llevar adelante estos tipos de juicios, así como el trabajo del Servicio Médico Legal, que ha sido insuficiente para llevar a cabo la constatación de lesiones en conformidad con el Protocolo de Estambul. A ello se suma que las policías tampoco tienen interés en que se investiguen estos casos, por lo tanto por parte de los agentes que han cometido una vulneración de derechos, militares y carabineros de Chile, han obstruido constantemente las investigaciones de la justicia. La Brigada de derechos humanos de la policía de Investigaciones ha sido sobrepasada.
PP: Fabiola, ¿cómo ha sido el trato del sistema judicial y sus funcionarios para con usted?
Fabiola Campillai: Desde un principio, cuando mi familia fue a colocar la querella en contra de Carabineros, lo primero que el Fiscal de turno le dijo a mi esposo fue: “¿Usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Usted sabe contra quién va a pelear?” y mi esposo respondió: “¡sí, estoy seguro de lo que estoy haciendo!” El Fiscal le dijo: “usted va a pelear contra un monstruo, contra alguien muy grande. ¿Está seguro que quiere seguir con esto?”, mi esposo le dijo: “¡sí, porque yo quiero justicia para mi señora. Yo la quiero y como sea vamos a lograr esa justicia porque ella no se merece lo que le hicieron”. Hasta el día de hoy ninguna instancia del estado se ha acercado a nosotros, no hemos recibido ningún apoyo, ninguna ayuda, nada.
PP: Alejandra, cuando vemos que en Chile hay una justicia a dos velocidades ¿cree que podríamos decir que el sistema judicial chileno está corrompido?
AA: Creo que el sistema judicial chileno tiene una inspiración clasista, por cuanto no existe la presunción de inocencia respecto de los trabajadores, del mapuche, del obrero, de los jóvenes en general, que desde el primer minuto tienen un tratamiento como si fueran responsables de un delito, aún cuando no se trate de ello sino de ejercer un legítimo derecho. Y generalmente se les aplican como medida cautelar la privación de libertad desde un inicio de la investigación y antes que se dicte condena. Sin embargo, cuando los imputados son agentes del Estado, empresarios, políticos, o hijos de personas con autoridad en este país, existe un tratamiento donde sí existe la presunción de inocencia. Las medidas cautelares que se les aplican son de muy baja intensidad, como firma y arresto domiciliario. Y muchas veces no llegan a una condena, sino que hay salidas alternativas. Y cuando las condenas existen, rara vez se cumplen penas efectivas de privación de libertad. Conocidos son los casos en que la condena es conmutada por “clases de ética” o multas. Hay un doble tratamiento tanto en la celeridad de los procesos, como durante la investigación y al aplicar una condena.
PP: Alejandra, ¿cómo impacta la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet, en la igualdad de las personas ante la justicia?
AA: Porque, por ejemplo, el derecho a manifestarse está consagrado desde la legislación internacional de Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos civiles y Políticos y otros tratados posteriores, sin embargo, de acuerdo a nuestro ordenamiento está sujeto a una ordenanza del tiempo de la dictadura, que señala que para poder manifestarse hay que pedir permiso a la autoridad. Y en ese sentido vemos que nuestra Constitución actual tiene por supremacía el Orden Público más allá del derecho humano que está reconocido y garantizado. Justamente, en aras de mantener este orden público se cometen estos crímenes y abusos por parte de la autoridad policial.
PP: Fabiola, ¿qué espera de la justicia chilena?
FC: La verdad es que justicia yo nunca voy a tener. Justicia sería para mí que me devuelvan mis ojos, que me devuelvan mi vida anterior, eso para mí sería justicia. Pero yo sé que eso no va a pasar y tengo que aprender a estar bien y a vivir con lo que ahora soy, desde lo que ya no tengo. Que aquel policía que me disparó sea juzgado y condenado no me dará ni una cuarta parte de lo que uno esperaría como justicia. Pero eso al menos sería una victoria, como en el caso de Gustavo Gatica y en el de tantas otras víctimas de violencia policial que los medios no muestran, y que han quedado con daños terribles como en el caso de Mario Acuña.
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado chileno carecen de defensa legal, a menos que cuenten con un abogado querellante particular. La figura de Defensor Penal Público sólo se les asigna a aquellos que están imputados por un delito y no tienen una defensa privada.
