Foto: Joel Pérez @joel_perezperez
Hay mucha desconfianza y mucha esperanza
Por Natividad Llanquileo, abogada defensora de Derechos Humanos, Convencional Constituyente representante Pueblo Mapuche @natividadllanquileo
Para mí, siempre ha sido muy complejo vivir en medio de este constante problema que el Estado de Chile tiene con las comunidades mapuche que han decidido recuperar sus tierras. Estas tierras fueron arrebatadas previamente producto de la ocupación que hizo el Estado chileno para entregárselas a particulares. Es muy complejo, porque esto ha implicado tener un Estado en contra de un pueblo que trata de sobrevivir. Cuando los mapuche decidimos reclamar nuestros derechos, especialmente los derechos territoriales, nos vimos enfrentados a todo el poder del Estado, con la aplicación de leyes de excepción como fue la “ley interior de seguridad del Estado”, y con posterioridad la “ley sobre conductas terroristas”, lo que ha implicado un largo periodo de persecución policial y judicial, viéndonos permanentemente enfrentados a tribunales, allanamientos, cárcel y a la muerte. Eso ha sido extremadamente difícil para las comunidades, ya que en general contamos con pocas herramientas políticas, jurídicas, y económicas para defendernos.
Haber usurpado nuestras tierras significa habernos reducido y habernos perseguido constantemente. El interés que tiene el Estado de Chile dentro de las comunidades tiene que ver con una cuestión meramente económica, donde defienden los grandes intereses, especialmente forestales, mineros, hidroeléctricos y todos los demás proyectos extractivistas que están emplazados en comunidades mapuche. Es por esto que vivimos en una especie de enfrentamiento permanente. Pero al usar el término “enfrentamiento”, hay que tener el cuidado suficiente, porque no estamos en igualdad de condiciones. El Estado de Chile nos ha tratado como un enemigo interno por mucho tiempo, producto de estos intereses económicos que están detrás, resguardando y protegiendo la propiedad privada ilegítimamente adquirida, en vez de proteger y respetar a los pueblos originarios.
Por otra parte, es de público conocimiento que el Estado de Chile a través de la Fiscalía y con la colaboración de las policías, ha ejecutado verdaderos montajes judiciales contra dirigentes mapuche, como un método represivo para acallar, amedrentar y encarcelar a las comunidades por las legítimas demandas. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado de Chile por este tipo de prácticas, por negar la posibilidad de un juicio justo y por no respetar el Convenio 169 de la OIT.
Por todo esto, fue muy difícil para mí tomar la decisión de participar del actual proceso de la Convención Constituyente. Precisamente porque existe una fundada desconfianza que tiene nuestro pueblo frente a este Estado, y en su incapacidad de avanzar en una verdadera solución de nuestra demanda territorial, que existe desde hace muchísimo tiempo. Pero, al mismo tiempo, vemos en este proceso la posibilidad de poder avanzar en el resguardo de nuestros derechos colectivos e individuales para todos los pueblos originarios. Si esta nueva Constitución no nos garantiza nuestros derechos, difícilmente otra herramienta jurídica lo puede hacer. Hay mucha desconfianza, pero al mismo tiempo, mucha esperanza de poder dejar establecido en esta nueva Constitución nuestros derechos y un mecanismo efectivo de cumplimiento de estos derechos.
