Foto: Nicole Kramm @nicole_kramm
EDITORIAL Nr. 28 Chile / Nr. 2 Alemania
“Chile en resistencia”
Crisis política y pandemia: las armas de la represión
Por Nathaly Jones, comunicadora, directora Revista Mala @la_nathaly_jones
La respuesta del Estado de Chile a la revuelta social que se inició el 18 de octubre de 2019, fue una brutal represión policial, con graves violaciones a los derechos humanos de manera simultánea a lo largo del país. Por aquellos esos días se viralizó un audio del general director de Carabineros alentando a sus subalternos al uso de la fuerza, a la vez que garantizaba que ello no les acarrearía consecuencias. Pese a ello, millones de manifestantes cansados de tanta injusticia, corrupción e impunidad, siguieron en las calles instalando sus demandas por acceso a la salud, educación, a pensiones y salarios dignos. El gobierno justificó la ola represiva en favor del orden público y del Estado de derecho, sin embargo, los videos que se viralizaron por redes sociales y que recorrieron el mundo, mostraban los brutales crímenes de lesa humanidad.
Semanas después, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, diversos organismos internacionales viajaron a Chile para investigar estos hechos. Amnistía Internacional[1], Human Rights Watch[2], la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH)[3] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[4] realizaron sendos informes con análisis pormenorizados de la estrategia del uso de la fuerza por parte de Carabineros en el marco de las manifestaciones sociales. Los informes emitidos por todos estos organismos, denuncian que en el periodo analizado hubo al menos 15 mil detenciones, que al menos 12.500 personas heridas requirieron atención en hospitales, 347 personas presentaron lesión ocular con pérdida de visión, que al menos 834 menores de edad fueron violentados por agentes del Estado y al menos 26 personas murieron. Recientemente, el departamento de Estado de EEUU[5] emitió un nuevo informe donde advierte que “la impunidad es un problema dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente en Carabineros”, señalando que la Fiscalía Nacional recibió más de 8.800 alegatos de abuso perpetrado por fuerzas de seguridad entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo de 2020.
Pese a las recomendaciones que estos organismos internacionales han realizado al Estado de Chile, para evitar que estos hechos sigan ocurriendo, nada ha cambiado, y el gobierno mantiene una férrea defensa al alto mando de Carabineros. Cifras actualizadas a abril de 2021 indican que alrededor de 500 personas han presentado trauma ocular con pérdida de visión provocada por la acción de efectivos de Carabineros. Tampoco ha servido para frenar la ola represiva, ni para obtener justicia, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) haya presentado miles de querellas representando a las víctimas. Lo cierto es que los organismos nacionales e internacionales, la clase política y el poder judicial resultan incompetentes para detener a un gobierno que recurre a la brutalidad policial para perpetuar un modelo político y económico al servicio de los intereses de la clase dominante, contra el cual millones de chilenas y chilenos se manifiestan legítimamente.
Además, con la excusa de la pandemia el 18 de marzo de 2020 el gobierno de Sebastián Piñera decretó estado de emergencia para contener la propagación del Covid-19, prorrogado durante el resto del año 2020 y lo que va del 2021. Esto implica toque de queda y la presencia permanente de las fuerzas armadas con armamento de guerra en las calles. Un verdadero estado policial. Por otro lado, la pandemia ha terminado de develar la precariedad cotidiana de la mayoría de los chilenos, que han quedado en la total desprotección económica, laboral y sanitaria.
Sin duda, cuando la crisis sanitaria esté controlada, se acentuará
la revuelta, y todo indica que los organismos policiales estarán altamente
preparados para arremeter con más violencia aún. Mientras se mantenga la impunidad,
y las violaciones a los derechos humanos no tengan consecuencias reales para
los responsables, el Estado de Chile seguirá cegando, torturando, violando,
encarcelando y asesinando a los chilenos, haciendo más necesario que nunca
seguir denunciando esta brutal realidad.
[1] https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2231332020SPANISH.PDF
[2] https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336397
[3] https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf
[4] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/018.asp
[5] https://interferencia.cl/sites/default/files/chile-2020-human-rights-report.pdf
