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Desde México #NosArrebatanLaVida

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El periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas fue asesinado a sangre fría el lunes 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Un grupo de hombres le disparó doce tiros a pocas cuadras de Ríodoce, el semanario que cofundó en su ciudad natal. Javier tenía 50 años y se dedicó a cubrir y escribir sobre el narcotráfico y la violencia en el norte del país. Fue padre, esposo y amigo querido, ejemplo de muchos periodistas y activistas; inclusive dio el nombre de “Rastreadoras” al colectivo de mujeres en Sinaloa que buscan bajo tierra los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos. Hoy, Javier nos ha sido arrebatado.

El mismo día fue asesinado el periodista Jonathan Rodríguez Córdova, atacado a balazos junto a su madre Sonia Córdova, subdirectora del semanario El Costeño en Autlán, Jalisco. Estos casos son los más recientes entre más de cien periodistas asesinados en los últimos años. Entre marzo y abril la vulnerabilidad de los periodistas se ha recrudecido con las muertes de Miroslava Breach (Chihuahua), Filiberto Álvarez (Morelos), Ricardo Monlui (Veracruz) y Maximino Rodríguez (Baja California). Las causas de sus muertes, como las de muchos otros periodistas, se enmarcan en un escenario de violencia, corrupción e impunidad que censura la denuncia y la crítica. México es el tercer país más peligroso para los periodistas después de Siria y Afganistán. Esto nos coloca en un escenario de guerra que no ha sido asumido como tal.

Más aun: los asesinatos no son solo contra periodistas, sino también contra cualquiera que toque una fibra incómoda del entramado de la maquinaria de guerra. Este es el caso de Miriam Rodríguez (Tamaulipas) quien buscó hasta encontrar apenas restos del cuerpo de su hija en una fosa clandestina. Hace unos días fue asesinada en pleno día de las madres, como un señalamiento disciplinante muy claro a través del horror: su asesinato genera intimidación contra los colectivos de familiares de desaparecidos. Además, el sábado 20 de mayo fueron asesinados Miguel y Agustín Vázquez Torres, voceros de la comunidad San Sebastián Teponalhuaxtlán (Jalisco), tras lograr la restitución de tierras que les habían sido arrebatadas por ganaderos hace más de cincuenta años. Mientras escribimos esto, los homicidios se acumulan día con día.

Peor aun, la proliferación de violencia en México se convierte en la norma: los despojos, los asesinatos y las desapariciones forzadas son moneda corriente, aun para quienes no participan de una militancia política. Más de 30,000 personas han sido desaparecidas a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón en 2006. Esto da cuenta de que la maquinaria de la guerra es mucho más compleja y rebasa la posibilidad de pensar a un Estado confrontado al narcotráfico, bajo la lógica binaria de amigo/enemigo: se trata de una hidra de muchas cabezas pero con un estómago común. Muchas cabezas: fuerzas militares, policías corruptas, crimen organizado y elementos del Estado engarzados a muchos niveles; un estómago común: la voraz lógica financiera y la acumulación por despojo.

Hay una mancuerna entre el negocio ilegal de las drogas y el negocio legal de la guerra contra ellas. No se trata entonces de un Estado fallido, sino de un Estado delincuencial en complejo proceso de reconfiguración. Genera amplias zonas de excepción jurídico-política y muchas veces no posee el monopolio de la violencia legítima, o lo cede a grupos del crimen organizado. Este es el correlato de la fragmentación y militarización del territorio para desplegar las voracidades extractivistas sobre el país.

En este contexto, el asesinato de un periodista tan renombrado y querido deja en claro que el valor de una vida es menor que el costo político de eliminarla. No obstante, hay que suprimir vidas como la de Javier para mostrar que ningún costo es alto para sembrar el horror. Se trata de un castigo ejemplar y una advertencia para periodistas y activistas, pero también para todos los opositores al régimen: a estas alturas nadie es intocable. Estos asesinatos generan un sin/sentido que excede a la materialidad del acto: su historia se puede trazar al menos desde el homicidio de Regina Martínez (Veracruz), reportera de Proceso, y pasa por el multihomicidio de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete en la colonia Narvarte, hasta hoy.

Ahora, con la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior se pretende legalizar la intervención de comunicaciones por parte de las fuerzas de seguridad pública federal y la recolección de información privada por cualquier método, sin control judicial ni rendición de cuentas. El panorama se oscurece, pues una medida que aparentemente se emplearía para combatir al crimen organizado sería en realidad una forma de instaurar un estado de excepción permanente, sin límites claros para las acciones armadas de las fuerzas de seguridad.

Los mecanismos oficiales de protección no funcionan y las fiscalías no hacen su trabajo: no podemos esperar que el Estado desmonte el andamiaje que sostiene su poder impune. Por ello, exigimos la formación de un mecanismo extraordinario a través de una comisión internacional de expertos independientes que investigue la impunidad y la corrupción del Estado mexicano. Es urgente que los ojos del mundo miren hacia los rincones de México, como sucedió con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. La muerte de Javier nos convoca a articularnos desde múltiples rincones del mundo para demandar el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas, activistas y opositores al régimen, llevando a juicio a los responsables. Necesitamos romper el cerco informativo y abrir corredores de solidaridad: tejer redes de seguridad colectiva para que la vida vuelva a ser nuestra.

Imagen: Afiche Gran Om / El Dante

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