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Carabineros: Policía de los Ricos

Carabineros: Policía de los Ricos

Carabineros: Policía de los Ricos

Por Reinaldo Vives
La escena se repite una y otra vez. Alguna organización popular sale a las calles a expresar sus demandas, a falta de otros medios de ejercer sus derechos políticos. Enseguida, aparece «fuerzas especiales» de carabineros, lanzando chorros de agua con químicos irritantes, gases, apaleando y deteniendo, con brutalidad y sin criterio. Como para reafirmar su condición de abusadores, agreden sexualmente a las y los jóvenes y castigan la labor de reporteros gráficos. Los grandes medios nos muestran lo que llaman «incidentes», dejando en el olvido las razones de los manifestantes.

Indigna verlos actuar como si fueran guardias privados de las forestales, golpeando niños y ancianos, allanando y destruyendo los hogares mapuche, atacando sus autoridades religiosas, los niños en los colegios, como en la escuela G-816 de Temucuicui; incluso atacan sus cortejos fúnebres, como ocurrió con el de Luis Marileo y Patricio González, asesinados por un ex capitán de carabineros. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado al Estado de Chile por violar los derechos fundamentales del pueblo mapuche —julio de 2014, en juicio contra Norín Catriman y otros—. Sin embargo, carabineros sigue actuando con la violencia de un ejército de ocupación, con el apoyo de los grandes empresarios y políticos de derecha. Un candidato llega, incluso, a afirmar que para resolver el conflicto mapuche «si hay que meter bala, hay que meter bala» ¡como si fuera eso lo que ha faltado en esos territorios!

Da asco verlos cuidando los locales de las empresas en conflicto, limitando el derecho a huelga y la libertad de expresión de los trabajadores, como ha ocurrido hace poco en el caso de H&M, cuando llegaron más de 30 carabineros a defender la tienda del Mall Alto Las Condes; y decenas de otros han reprimido las movilizaciones de apoyo en el local del Costanera Center. Impotencia verlos destruyendo las mercaderías de humildes vendedores callejeros, mientras sus oficiales se llenan los bolsillos con los fondos de la institución.

Crece el dolor y la rabia junto con la lista de torturados, muertos e incluso desaparecidos en tiempos de «gobiernos civiles». Porque es tortura, según acuerdos internacionales que ha firmado el Estado chileno, obligar a detenidos y detenidas a desnudarse y hacer ejercicios, o mantenerlos encerrados en condiciones inadecuadas, como lo hacen rutinariamente con los detenidos en movilizaciones. Incluso, funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos fueron arrestadas y golpeadas cuando visitaban a los detenidos por movilizaciones en apoyo a Chiloé, el año pasado.

En esa ocasión, como en todas las movilizaciones de comunidades afectadas por el centralismo santiaguino y la depredación causada por las grandes empresas, la represión fue masiva y brutal. Los tiros de perdigones y lacrimógenas al cuerpo son frecuentes, resultando varios manifestantes con pérdida de visión en sus ojos como consecuencia —dos manifestantes en Aysén, uno en Salamanca protestando contra la minera Los Pelambres, por ejemplo—.

La cantidad de trabajadores y jóvenes muertos en incidentes nunca bien aclarados es larga, basta recordar a Daniel Menco, Rodrigo Cisternas o Matías Catrileo, entre tantos otros. Mientras aún no hay respuestas por las desapariciones de José Huenante, joven de 16 años, en Puerto Montt o José Vergara, de 22 años, detenido en Alto Hospicio.

Tanta ha sido la corrupción en el mando de Carabineros que, incluso, tibios reformistas que aspiran a compartir la administración del capitalismo chileno reclaman medidas urgentes. Sin embargo, las mismas correcciones que reclaman demuestran su sometimiento a las reglas del Poder político: ¡que controle el uso de los dineros de la institución un nuevo organismo del propio Estado, corrupto hasta los huesos por la plata de las empresas que compran a sus funcionarios! Ni una palabra ha sido dicha, ni en los grandes medios de comunicación, ni por los candidatos en campaña, para poner un límite a la brutalidad y el abuso de la represión policial contra los sectores populares.

Puede ser que los legisladores y los candidatos estén entre la minoría privilegiada, que no corre peligro de ser agredida por un policía, por lo que no les preocupa el tema; puede ser, también, que tengan claro que la lucha popular no se va a detener con nuevas promesas vacías, con nuevos intentos de reformas que ya han fracasado más de una vez. Por jóvenes y buena onda que se vean, las nuevas candidaturas no pueden ignorar que, si son elegidos, tendrán que reprimir las movilizaciones populares, a menos que sean capaces de ponerse a la cabeza de una oleada popular para terminar con el capitalismo y el Estado corrupto y opresor. Como no lo harán, sigue en pie el problema central para los sectores populares movilizados: La brutalidad y el abuso policial en su contra.

Por supuesto, hay una serie de medidas que se podrían tomar, idealmente, en el camino de transformar la tropa de violentos provocadores de incidentes, abusadores sexuales de mujeres y niñas, en una policía al servicio del pueblo y las comunidades. Un escalafón único, que termine con la división clasista al interior de sus filas. Una formación rigurosa en democracia y derechos, que les permita distinguir las legítimas manifestaciones sociales y políticas populares de los hechos delictuales, que ponga fin a la discriminación clasista y racista que muchas veces se puede observar en su actuar, que termine con los abusos sexuales hacia jóvenes manifestantes. El fin de la militarización, que los transforme en funcionarios públicos al servicio de la comunidad; que permita, también, el fin de la justicia militar para sus abusos y crímenes. Fin al sistema de jubilaciones especiales, y el derecho a sindicalizarse y negociar sus sueldos y condiciones de trabajo, que los haga tomar conciencia de su condición de trabajadores y de la realidad en que viven, terminando con el espíritu de casta privilegiada que se les impone actualmente.

Sobre todo, y con urgencia, terminar con las mal llamadas «fuerzas especiales», someter a juicio a sus miembros, jefes y autoridades, responsables de innumerables crímenes, abusos, y atropellos constantes a los sectores populares.

Lamentablemente, será muy difícil, si no imposible, lograr estas mínimas demandas. El problema central es que las fuerzas policiales, así como las demás fuerzas armadas, son instrumentos de dominación del Estado capitalista, son garantía de defensa de los intereses de una clase privilegiada. La explotación de los trabajadores no duraría un día si no fuera por el uso de la fuerza represiva para aplastar sus movilizaciones, unida al uso de los grandes medios de comunicación para tergiversar y mentir acerca de sus demandas.

Los trabajadores y el pueblo deben plantear sus reivindicaciones más sentidas, defender su organización independiente y sus movilizaciones, deben dar todas las luchas que sean necesarias para mejorar sus condiciones de vida. Por el derecho a un trabajo digno con sueldos justos. Por educación y salud como derechos inalienables y no como mercancías de lujo. Por una jubilación digna y solidaria en su vejez. Por el fin de la brutalidad policial como primera, y muchas veces única, respuesta a sus demandas y movilizaciones.
Pero deben tener claro que esas luchas son sólo parte de un proceso más largo, de aprendizaje y fortalecimiento de su organización, de avanzar en la unidad de sus diferentes sectores, de construcción de la fuerza política y social para poner fin al capitalismo explotador, depredador y patriarcal. Porque los trabajadores y el pueblo no olvidan que al capitalismo se le podrán hacer algunas reformas, arrancar algunas concesiones, tal vez, por un tiempo, pero que siempre volverá a instalar la mayor explotación posible, usando toda la fuerza necesaria para imponerse.

El único camino definitivo es terminar con el sistema capitalista, y terminar con las fuerzas que lo sostienen. Sólo en una sociedad de trabajadores, en que el Poder esté directamente en las manos del pueblo, podrán garantizarse los derechos y las necesidades de todos. Sólo en una sociedad en que ya no existan explotadores y explotados, podrán los servicios de policía convertirse en un servicio social, en directa relación y bajo control de las comunidades.

*** Vía Prensa Irreverente

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